lunes, 18 de diciembre de 2017

La Costa, con menos jóvenes profesionales ocupado


POR: EDUARDO PATIÑO M, El Heraldo.

Un estudio del Dane revela que el 67,3% de los jóvenes con estudios superiores en la Región estaba laborando durante 2016. El 36,3% de ellos corresponde a mujeres.

Dar el salto al mundo laboral se ha convertido en toda una “odisea” para los jóvenes en la Región Caribe, quienes han encontrado en la falta de experiencia, una de las barreras más grandes al momento de calificar en un empleo. 
Es por esto que mucho de estos muchachos, que acaban de terminar sus estudios de educación superior, encuentran en el empleo informal o en los trabajos diferentes a las carreras que estudiaron, una salida económica mientras logran ejercer su profesión.

Según el último informe del Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral (Sinidel), la Región Caribe, durante 2016, tuvo la tasa más baja de ocupación de jóvenes de 14 a 28 años que terminaron sus estudios en educación superior. 
El informe precisa que el 67,3% de los jóvenes que egresaron de carreras técnicas, tecnólogas, profesionales y con estudios de posgrado se encontraba económicamente activa, es decir, estaba laborando.
El reporte del estudio del Dane indica, además, que el 47,8% de estos jóvenes, que estudiaron carreras profesionales, se encontraban ocupados en 2016. (Ver infografía)
Estas cifras, en comparación con las otras regiones del país, demuestran que los jóvenes preparados en la Región Caribe son los que más dificultades tienen al momento de acceder a un empleo. 
Bogotá, con el 80% y el centro oriente del país, que incluye los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Santander, con el 76,8%, son los territorios que tienen una mayor tasa de empleabilidad de los jóvenes técnicos, tecnólogos y profesionales. 
El informe de la entidad también señala que en 2016, del total de jóvenes ocupados en el país, el 40,7% correspondía a mujeres, mientras que el 59,3% eran hombres. 
En cuanto a la Región Caribe, del total de jóvenes ocupados en 2016, el 63,7% correspondía a hombres, mientras que el 36,3% eran mujeres. Bogotá fue la ciudad con más mujeres jóvenes ocupadas, con el 47,2%.
Los salarios
Para muchos jóvenes el salario en su primer empleo no va acorde con la inversión realizada durante su época de estudio. Así lo manifiesta Juan Daniel Guzmán, un ingeniero civil que señaló que ha visto ofertas para su carrera, pero el sueldo que ofrecen por el puesto de trabajo es un salario mínimo. 
“Hay quienes por desespero aplican a ofertas que no van más allá de un salario mínimo, pero sin discriminar otras profesiones, creo que no es un salario digno para una persona que ha invertido un dinero importante para su formación profesional”,  sostuvo. 
Según el Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral, en 2016 el salario promedio mensual para un universitario fue de $2,2 millones, mientras que para el técnico profesional y el tecnólogo el sueldo promedio $1,089 milones. 
Desajuste en el mercado
Para Sandra Rodríguez, directora del Departamento de Economía de la Universidad del Norte, uno de los fenómenos que explican la dificultad de consecución de empleo por parte de los recién graduados se denomina desajuste en el mercado de trabajo. 
Esto se refiere —explicó la experta— a la situación en la cual los trabajadores ofrecen una mano de obra que no es requerida por el mercado laboral. “Esto puede suceder porque las profesiones en las que se están formando los jóvenes no son las que requieren los empleadores, o porque el nivel de formación, y por tanto la expectativa de salario, es superior a la que requiere el perfil de los cargos que ofrecen”, puntualizó. 
De igual forma, Rodríguez sostuvo que hay casos en los que los jóvenes estudian carreras más por “tradición o por moda” que por una información real sobre lo que está buscando el mercado laboral. 
Por otro lado —precisó la experta— el estudio de posgrados hace que los jóvenes aspiren a salarios más altos, pero que en el mercado de trabajo, dadas las funciones que se desarrollan en las vacantes que ofrecen, no requieren de altos niveles de especialización y por tanto, ofrecen salarios más bajos.
Cátedra empresarial: Propuesta del concejal Fuentes
El concejal de Barranquilla, Juan Camilo Fuentes, propuso un proyecto de Acuerdo por medio del cual se dicten lineamientos para impulsar el desarrollo empresarial y la innovación, a través de la creación de la Cátedra Empresarial, para los estudiantes de décimo y undécimo grado en los colegios públicos y privados del Distrito. Fuentes explicó que con la creación de esta cátedra, se busca que desde las aulas de clase se promueva la creación de empresas y proyectos innovadores. “A los jóvenes se les debe enseñar desde el colegio cómo crear una empresa, cuáles son las etapas y cuáles son los sectores productivos a los que le tienen que apuntar”, detalló.
“Duré dos años varada y trabajando de manera informal mientras encontraba un empleo”
Luego de pasar dos años trabajando en otras áreas diferentes a la que estudió, Saira Garay, una cartagenera de 25 años, pudo encontrar, “por fin”, un empleo como ingeniera ambiental,  carrera de la que egresó en 2013, cuando tenía 21 años. Garay cuenta que fue todo un “viacrucis” por laborar luego de que terminara la carrera, debido a que el tiempo de prácticas, seis meses, “no es suficiente” para que adquirir la suficiente experiencia y así poder ser contratada por una empresa. “Luego de que terminé las prácticas fue muy difícil conseguir un empleo formal, entregué como cien hojas de vida, en algunas me llamaban para entrevista, pero al no contar con experiencia de mínimo un año, nunca me contrataban”, sostuvo. 
Saira Garay detalló que estuvo dos años trabajando en áreas diferentes a la ingeniería ambiental, debido a que necesitaba una fuente de ingresos y su carrera no le estaba dando los resultados esperados. 
Luego de un par de años  de inactividad laboral, Garay fue contratada como inspectora ambiental en el proyecto de construcción de la Circunvalar de la Prosperidad. Allí se encarga de supervisar que la obra no afecte la flora y la fauna que se encuentra en el entorno. “En los trabajos piden muchos años de experiencia, pero ¿cómo vas a tener esa experiencia si no te dan la oportunidad para el primer empleo?, afortunadamente hay compañías que combinan la experiencia que tienes con la actitud que muestres”, señaló la joven ingeniería ambiental. 
“El título de universitario no te asegura un trabajo en ninguna empresa”
El título en Administración Financiera no ha sido suficiente para que Mederith Maestre, una barranquillera de 23 años, comience su vida laboral ejerciendo su profesión. Ya pasaron dos años desde que egresó y las puertas laborales a esta joven aún no se le han abierto,  debido a que “no cuenta con la suficiente experiencia para ejercer en una compañía”, o por lo menos eso es lo que ella asegura que le manifiestan en cada entrevista a la que va. 
“Luego de que hice las prácticas, que solo fueron seis meses, he ido a un montón de entrevistas, pero en cada una de ellas piden mínimo uno o dos años de experiencia, la cual no tengo por que mi periodo de prácticas fue de seis meses”, manifestó Maestre. 
Indicó que en muchas ocasiones se ha visto en la necesidad de aplicar a ofertas en el que el sueldo es el salario mínimo, aunque esto no “justifica la inversión que la familia hizo durante cinco años”. “Trabajo es trabajo, me parece que se deben fomentar políticas públicas en las que los jóvenes puedan acceder a primeros empleos, justos y con salarios que vayan acorde a la inversión realizada”, aseveró Mederith Maestre. 
El 2017 está a dos semanas de terminar y esta joven ya resignó sus esperanzas de conseguir un empleo este año, mientras tanto, atiende el negocio familiar, una miscelánea  en el barrio San Luis, en el suroccidente de Barranquilla, en la que venden regalos para la temporada de Navidad. 

sábado, 4 de noviembre de 2017

"La Ocde debería pedirle cuentas al Gobierno sobre el drama de La Guajira": Vivanco

ENTERVISTA | 11/1/2017 3:27:00 P Revista semana


El director de Human Rights Whatch le pidió a la Ocde que antes de dar su bendición a Colombia evalúe la crítica situación de los niños muertos por desnutrición. Entre enero y agosto se registraron 24 muertes de niños menores de 5 años en el norte del país. La corrupción tampoco pierde terreno.

Colombia, según lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, está en la recta final para entrar en el selecto club de 35 países que promueven las buenas prácticas de gobierno. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) le ha dado el visto bueno en casi todos los aspectos al país, lo que llevó al presidente Juan Manuel Santos a anunciar desde Canadá que confía en que en el primer trimestre de 2018 el país será finalmente admitido.
Esta fue una de las metas que se propuso el primer mandatario desde el comienzo de su gobierno y ahora que está en sus últimos detalles, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Whatch advierte a los directivos de esta organización de un lunar en los compromisos que tiene el país. 
En un informe entregado al secretario general de la organización, Ángel Gurría, HRW alertó por la muerte de 81 niños indígenas en menos de cinco años por desnutrición. "Con o sin nuestra intervención, la Ocde debería inevitablemente pedirle cuentas al Gobierno sobre el drama de La Guajira", aseguró.
SEMANA: ¿Cuál fue el panorama que encontró Human Rights Watch en La Guajira?
José Miguel Vivanco: Visitamos La Guajira en agosto de 2016 y junio de 2017 para evaluar la crisis humanitaria de los wayúu y las medidas adoptadas por las autoridades –nacionales, departamentales y municipales- para reducir las muertes de niños por desnutrición. En general, encontramos una situación francamente desoladora, debido a la enorme escasez de alimentos, agua y el acceso sumamente limitado a servicios públicos básicos.
SEMANA: ¿Cree que Colombia corre riesgo de ser reprobado de su examen ante la Ocde por el drama de los niños en La Guajira?
J. M. V.: Mire, no quedan dudas de que el gobierno de Santos ha logrado proyectar una estupenda imagen internacional, en gran parte, gracias a sus esfuerzos por llevar adelante a toda costa el proceso de paz con las Farc. En este sentido, es probable que el presidente Santos logre reunir el apoyo internacional necesario para acceder a ese club de países desarrollados que es la Ocde, lo cual es una de las grandes aspiraciones del presidente. Sin embargo, el tema va mucho más allá: la Ocde debe examinar, entre otras, las políticas sociales de Colombia, incluyendo las graves falencias que sufren los indígenas en La Guajira y también evaluar si las autoridades están tomando las medidas necesarias para impedir que sigan muriendo de hambre los niños wayúu. Entre enero y agosto de este año fallecieron por desnutrición, según estadísticas oficiales, al menos 24 niños indígenas menores de cinco años. La evaluación de Colombia para su ingreso a la Ocde es la oportunidad para preguntarse por qué se da este dramático fenómeno y qué se debe hacer para superarlo.
SEMANA: ¿HRW se opone a que Colombia sea admitida como miembro de la Ocde?
J. M. V.: Nosotros no nos oponemos de ninguna manera a que Colombia ingrese. Sin embargo, lo que ocurre —y esto creo que no se conoce suficientemente en Colombia— es que justamente este mes uno de los tres comités de la Ocde que va a evaluar a Colombia y tiene precisamente la tarea de determinar si el actual gobierno ha implementado o no las medidas eficaces para apoyar a grupos vulnerables y combatir la pobreza. Creo que es obvio que dicho comité, con o sin nuestra intervención, inevitablemente debería pedirle cuentas al Gobierno sobre el drama de La Guajira.
SEMANA: Human Rights Watch se opuso al tratado de libre comercio entre EE.UU. y Colombia en 2008. ¿Cree que está situación es similar?
J. M. V.: En efecto, en 2008 nos opusimos al tratado de libre comercio entre EE.UU. y Colombia debido a las altas tasas de homicidios de sindicalistas y, junto con organizaciones sindicales, logramos frenar el tratado por varios años. Esta situación es parecida, pero hay diferencias importantes. Primero, en esta ocasión, no nos oponemos al acceso de Colombia a la Ocde, aunque sí creemos que, antes de ingresar a ese prestigioso club de países ricos, las autoridades deben explicar qué harán para resolver la mortalidad de niños indígenas en La Guajira.
Además, la situación es distinta en otro aspecto: el presidente Uribe, si bien tenía apoyo del presidente George Bush, generaba rechazo en el Congreso de EE.UU. por su pobre récord en derechos humanos. La situación del presidente Santos es muy distinta debido al prestigio alcanzado gracias al proceso de paz.
SEMANA: En Colombia todas las instancias judiciales y también el sistema interamericano se han pronunciado por los problemas de desnutrición de niños en La Guajira, sin embargo, es una situación que no se ha podido resolver. ¿Qué efecto han tenido estas decisiones judiciales?
J. M. V.: Hasta ahora, las autoridades no han tomado medidas eficaces frente a la crisis humanitaria, como lo piden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Constitucional. De hecho, según estadísticas oficiales, 81 niños indígenas de menos de cinco años murieron de desnutrición en La Guajira entre enero de 2016 y agosto de 2017, es decir, fallecieron en promedio cerca de un niño por semana desde que la CIDH instó a las autoridades colombianas a ocuparse de la crisis en diciembre de 2015.
SEMANA: En cuanto a las medidas diseñadas por el Estado colombiano para combatir la pobreza ¿qué comentarios tiene HRW?
J. M. V.: Para empezar hay que subrayar que muchas de las propuestas del gobierno para La Guajira parecen prometedoras y bien intencionadas, pero no se implementan de forma adecuada. Por ejemplo, hasta las personas encargadas de los programas de alimentos del ICBF nos decían que con frecuencia los alimentos no alcanzan y a veces llegan en mal estado. Del mismo modo, los médicos y enfermeros de la zona nos dijeron que los programas de salud llamados “grupos extramurales” no cuentan con medicamentos, lo cual obviamente debilita la respuesta que pueden dar para ayudar a las comunidades afectadas por el hambre. También examinamos varios pozos de agua, la mayoría de los cuales no funcionaba adecuadamente. Algunos no tenían agua y otros sólo daban agua salada. Incluso en una comunidad nos dijeron literalmente que “ni los animales toman el agua” del pozo porque era demasiado salada.
SEMANA: ¿Qué papel juega la corrupción en el difícil panorama en La Guajira?
J. M. V.: Sin duda la corrupción es un factor que contribuye a agravar esta situación. En una comunidad tras otra encontramos pozos de agua o clínicas que podrían ayudar a enfrentar la crisis, pero que al parecer debido a la corrupción, nunca habían funcionado y estaban abandonados. De hecho, los fiscales en La Guajira han abierto 1.125 investigaciones por casos de corrupción ocurridos en los últimos 10 años, incluyendo al menos 35 casos donde aparentemente se robaron los recursos destinados a garantizar el acceso al agua, alimentación y educación. Esto incluye una investigación por posible corrupción en la ejecución de un préstamo de 90 millones de dólares del Banco Mundial para mejorar el acceso al agua en el departamento.
Para acabar con esta plaga, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, debería asignar más fiscales a investigar la corrupción en La Guajira. Cuando visitamos La Guajira, había solamente dos fiscales dedicados exclusivamente a investigar denuncias de corrupción. Uno de ellos tenía más de 500 causas a su cargo. Por muchos esfuerzos que hagan, no es posible que logren avances significativos. Por eso, si bien ha habido arrestos muy importantes a políticos prominentes del departamento, sólo se han logrado 7 condenas por corrupción.
SEMANA: Algunas autoridades colombianas han alertado por lo que influye el tema cultural en la superación de la crisis, ¿qué encontraron ustedes al respecto?
J. M. V.: Veamos, en La Guajira, según estadísticas oficiales, menos del 7 por ciento de las comunidades wayúu tienen acueductos, menos del 11 por ciento de los hogares rurales wayúu tratan el agua que consumen, y cerca del 1 por ciento de las comunidades tienen puestos de salud. En estas condiciones, aludir a un supuesto problema cultural que mantendría a las comunidades al margen del desarrollo, me parece un evidente esfuerzo por ocultar la inexcusable negligencia histórica del estado colombiano.
SEMANA: ¿Por qué la Ocde puede ser determinante para esta situación?
J. M. V.: Para promover los derechos humanos hay que ser idealista pero no iluso, y por ello es imprescindible identificar circunstancias políticas favorables, sean nacionales o internacionales, que puedan servir para concretar causas nobles. Y aquí la herramienta es la Ocde que, por mandato, puede exigirle a Colombia estándares muy superiores a los que hoy existen en La Guajira, y qué duda cabe que el Gobierno tiene un interés prioritario por ingresar a este organismo. Sería negligente de nuestra parte no intervenir en el momento oportuno, que es justamente este.


República Caribe

Introducción Desde siempre hemos fantaseado con la posibilidad de una nación caribe, hemos soñado una nación propi...